Para conocer toda la historia es preciso remontarnos en el tiempo hasta el año 2010, en el que se celebró el Convenio sobre la Diversidad Biológica en la ciudad de Nagoya. En dicho convenio se estableció la necesidad de resguardar la biodiversidad, reducir el consumo de recursos naturales y compartir los descubrimientos científicos en el área de los recursos genéticos, todos los países partícipes de este acuerdo se comprometieron a desarrollar estrategias nacionales con el fin de garantizar la debida conservación y aprovechamiento de sus recursos naturales y su biodiversidad para el año 2020. La Unión Europea respaldó esta iniciativa elaborando un plan para la protección de la biodiversidad y los servicios ecológicos a lo largo de todo su territorio con la intención de coordinar los esfuerzos de las distintas naciones y resguardar el patrimonio ecológico de Europa antes del año 2020.
Entre los países firmantes del acuerdo se encontraba España que se preparaba para afrontar el desafío de conservar su rica biodiversidad durante la segunda década del siglo 21, en ese momento la nación gozaba de un renovado interés en las temáticas ambientales por parte de la población y, aunque la conservación de los recursos naturales era un gran reto, con el apoyo de los ciudadanos y el respaldo de la Unión Europea, no parecía un objetivo inalcanzable.
Diez años de ineficiencia
En aquel momento, España tenía la responsabilidad de trasladar el marco general, los objetivos propuestos por el tratado de Nagoya y las estrategias de la Unión Europea hacia los planes de acción y estrategias de los diferentes ministerios y departamentos autonómicos con relación al medio ambiente. Tristemente la mayoría de los entes administrativos de España han dado la espalda a los compromisos de conservación, biodiversidad y manejo de recursos naturales planteados por estos tratados y planes internacionales, han ignorado las metas y objetivos planteados y pasado por alto las medidas propuestas, duele reconocerlo, pero en el territorio de España estos tratados quedaron como letra muerta.
La única medida dirigida a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales para controlar la pérdida de biodiversidad en toda la década fue el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, un plan con un alcance insuficiente que no cubría las necesidades del medio ambiente y cuya vigencia estaba proyectada desde el año 2011 hasta el 2017 a la espera de ser sustituido por estrategias más robustas que nunca llegaron. En vista de esta situación, no es sorpresa que la biodiversidad de España haya sufrido un duro golpe a lo largo de los últimos diez años.
Constancia ante la adversidad
El penoso desempeño de las autoridades de España durante la última década en materia de conservación es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando las autoridades pertinentes no se comprometen con el cumplimiento de las metas y los planes que van más allá de su jurisdicción. Para alcanzar objetivos de gran envergadura como proteger la biodiversidad y modificar la forma en que se consumen los recursos naturales es imprescindible un plan bien trazado y un compromiso total con su cumplimiento.No debemos permitir que este fracaso disminuya la fe del público en las iniciativas de conservación, pues en este punto es fundamental proteger a la biodiversidad y alcanzar un manejo responsable de los recursos naturales. Debemos aprender de los errores de esta década y seguir con paso firme hacia el futuro.
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