Las acciones de protesta están fundadas en argumentos de índole ecológicos, económico y social, donde se expone que estos trabajos representan un incremento de contaminación ambiental, un riesgo a la biodiversidad y la salud.
Según estas organizaciones, también estos proyectos suponen un gasto de más de 3.400 millones de euros, que se podrían enfocar a medios de transporte que son de mayor prioridad, como los trenes.
El proyecto repercute de forma directa con espacios naturales protegidos los cuales necesitan un permiso especial de la Unión Europea y, aunque según el proyecto este podría generar más de 80.000 puestos de trabajos, esta idea podría encender las alarmas de llevarse a cabo sin un estudio profundo de sus implicaciones.
La ampliación de estos dos importantes aeropuertos de España es un proyecto que se dará a conocer en el Consejo de Ministros, y donde se incluyen además otros planes para diferentes regiones.
Los grupos demandantes denuncian una campaña de persuasión por parte del sector aeroportuario AENA, donde le atribuyen ventajismo para la ejecución de dicho proyecto sin la presentación de una idea presentada públicamente con anterioridad. Además, no se reflejan los criterios técnicos y las repercusiones que pueda tener a nivel ambiental, económico, social y presupuestario.
Una de las bases de esta demanda específica es que los sistemas aéreos de transporte son los que más emiten sustancias contaminantes, pero que este medio de transporte se ha convertido en una fórmula de mayor interés para los organismos gubernamentales y los empresarios privados. Esto no contribuye para encontrar las soluciones más funcionales en materia de ambiente y de calentamiento global para los aeropuertos, que no solo España, sino muchas regiones de Europa requieren en estos momentos.
Otra de las causas se refiere a que hay prioridades para los ciudadanos en materia transportista que requieren mayor atención y no los sistemas aéreos, ya que no se usan a gran escala y no son una prioridad para los ciudadanos.
Por un lado, para los interesados en que se lleve a cabo esta idea lo más importante es el impacto climático y las implicaciones negativas para el ambiente que esto significa. En este ítem, los denunciantes hablan de unos estudios sobre las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) y sus estadísticas por la cantidad de pasajeros, así como una base de datos en porcentaje y el aumento de estas.
Por otra parte, el informe habla de los impactos para el ambiente circundante, como residuos, contaminación sonora y visual, ruido, alteración del sueño y problemas cardiovasculares, principalmente para los pobladores que viven en zonas cercanas a los aeropuertos.
Mencionan también problemas de intereses financieros, como el favoritismo hacia bancos y empresas constructoras y accionistas del proyecto, así como también menciona algunas supuestas crisis en materia financiera que pudiera atravesar AENA.
En este sentido, también hablan de los modelos de grandes capitales del mundo inmobiliario y sus intereses obtenidos en estos momentos de crisis mundial. Modelos que contribuyen según su parecer a la expulsión habitacional, la explotación laboral, la contaminación en todos los sentidos y la pérdida de espacios naturales e inclusive agrarios.
El grupo de estas 120 entidades piden a las autoridades, entre otras cosas, detener cualquier tipo de construcción relacionada con ampliaciones de infraestructuras, reducir los efectos contaminantes de emisiones de aviones, la reducción de vuelos locales cortos que se pueden realizar en tren, y ampliar los sistemas ferroviarios. También solicitan el cierre de aeropuertos con baja demanda.
Adicionalmente, piden que el uso del dinero para ese proyecto se use en otros temas de interés público y servicios sanitarios y una reestructuración de la política de transporte. Solicitan además, con urgencia, una recuperación económica y en todos los sentidos, ante las consecuencias que ha dejado la paralización que ha tenido el mundo por la situación sanitaria.
Por lo pronto hay que esperar si este informe será tomado en cuenta por las autoridades gubernamentales y si la decisión sea un plan que beneficie a los dos sectores.
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