Sin embargo, la asociación Proanimal sostiene que la medida vulnera el derecho a la vida e integridad física de las personas en lo que han calificado como un acto de desprecio hacia la salud pública. Incluso alegan falta de competencia del director general para emitir el dictamen. En consecuencia, han solicitado una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución de forma inmediata. De lo contrario, advierten a la Consejería que interpondrán una querella criminal.
En reiteradas ocasiones, la organización animalista ha manifestado su repudio ante las medidas permisivas de las administraciones públicas hacia la cacería. Además, niegan que exista sobreabundancia de especies y consideran que no es más que una excusa para promover la cacería, e incluso señalan que los animales atacados por los cazadores, como los conejos, no son de origen silvestre, sino que provienen de granjas cinegéticas.
Advierten que la resolución supondría el ingreso semanal de unos 2 000 cazadores sin un control riguroso, lo que podría permitir que cualquiera pueda hacerse pasar por uno de ellos y entrar a la región sin problemas, solo con el permiso del titular de un coto.
Desde el Gobierno afirman que la medida favorecerá a la biodiversidad
De acuerdo con Félix Romero, director general de Medio Natural y Biodiversidad, la decisión tiene como fin el cuidado de la fauna local al evitar el crecimiento desmedido en el número de ejemplares de conejo, jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, gamo, muflón o arruí que pueden afectar severamente al resto de las especies y provocar daños significativos para la agricultura, la ganadería y la salud pública.
Afirma que de no controlar a estas especies cinegéticas habrá serios problemas medioambientales en los próximos años, por lo que es preciso el ingreso de cazadores provenientes de otras regiones o países debidamente autorizados. Añade que la caza puede llevarse a cabo de la mano con la ecología y es indispensable su práctica para la gestión del medio natural.
Sobre los permisos, el Gobierno advierte que sólo se concederán para el ingreso a espacios con riesgos de sobrepoblación. Asimismo, se exigirá una declaración de responsabilidad por parte del cazador, que no podrá asistir con acompañantes si estos no van a participar en la caza, así como el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación de la COVID-19.
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