Por: Helena Ancos
La próxima entrada en vigor de la Directiva de información no financiera y diversidad (Directiva 95/2014/UE) ha sido, desde que se anunciara su publicación, uno de los acontecimientos que más comentarios viene suscitando en el mundo de la sostenibilidad.
Como es sabido, la Directiva afecta a las grandes empresas (con un total de balance 20 millones de € o 40 millones de € de volumen neto de negocios), más de 500 empleados (media anual al cierre del ejercicio), consideradas de interés público (cotizadas, sector bancario, sector asegurador y otras especificadas en las legislaciones nacionales) que tengan la sede de su matriz en un país UE y/o cotización en alguno de los mercados bursátiles europeos, exigiéndoles, con carácter anual una declaración que incluya una descripción de las políticas, los resultados y los riesgos relacionados con los aspectos ambientales, sociales, laborales, respeto a los Derechos Humanos, sobornos y lucha contra la corrupción.
La Directiva, ha creado expectativas de negocio en toda Europa, y en nuestro país, donde, tal y como manifestara recientemente Teresa Fogelber, Directora Ejecutiva Adjunta del GRI, España siempre ha sido un país muy bien representado en los rankings de reporting de GRI, y hoy sigue estando entre los diez primeros países.
Ahora bien, ¿nace anticuada la Directiva y la obligación de reportar?
La Directiva, que ya se anunció en la Comunicación de la Comisión Europea de octubre de 2011, se planteaba como un paso más en una hoja de ruta gradual, progresiva hacia un cambio de modelo productivo. Como se recordará, en plena crisis financiera, la Comisión necesitaba imponer con paso firme y sin pausa, las bases para un nuevo modelo económico y desde un punto de vista político, frente a la ruptura que suponía el abandono de la definición de la RSC basada en la voluntariedad frente a la gestión de impactos, la Comisión necesitaba avanzar comenzando por las cuestiones más tangenciales o menos intervencionistas. Entre éstas, el anuncio del tratamiento de las prácticas comerciales engañosas (Ecoblanchiment, o Greenwashing) en el marco de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, y la apuesta por la mejora de la transparencia de la información social y medioambiental que se traduciría en una proposición legislativa sobre transparencia de informaciones sociales y medioambientales.
En este contexto, desde aquel anuncio de octubre de 2011 a diciembre de 2016, el mercado de la sostenibilidad se ha plagado de propuestas de estándares, de consultores, asesores, editores, y agencias de comunicación, entre otros, que han acogido y han arropado la llegada de los informes de sostenibilidad como otro nicho de mercado más sin mayores cuestionamientos.
Para toda empresa que pretendiera ser alguien en el mundo de la sostenibilidad, hacer un informe de sostenibilidad era un must. O tienes informe o no eres nadie. Una nueva versión de El traje nuevo del Emperador.
El objetivo declarado de la Directiva es aumentar la transparencia y el rendimiento de las empresas en materia medioambiental y social y, gestionar mejor los riesgos y las oportunidades de carácter no financiero, contribuyendo eficazmente al empleo y crecimiento económico a largo plazo.
¿ Están realmente las empresas gestionando mejor sus riesgos?
Probablemente sí, aunque hay que ser conscientes de que en la mayoría de las ocasiones la preparación de los reportes ya está externalizada, separada de lo que debería ser una política de gestión de la sostenibilidad en la empresa, o ubicada en otros casos, en los departamentos de comunicación, reputación y relaciones institucionales.
Pero sobre todo, la gestión de los riesgos financieros y no financieros dependerá de la acogida y el impacto de estos informes sobre sus grupos de interés y de la existencia de un mercado que valore los informes.
El reporting necesita un mercado donde
Los grupos de interés tengan interés en evaluar los impactos
Sean capaces de ello
Y las empresas evalúen los beneficios de reportar.
Ante estas premisas, el mercado del reporting se ha ido desarrollando a base de marcos y estándares de informes de sostenibilidad, y el lento avance de una directiva comunitaria que ha nacido ya vieja.
Sobre los estándares de sostenibilidad
Desde el primer punto de vista, resulta interesante leer a Tony Vives, que en su artículo ¿Es saludable la competencia entre estándares de reportes de sosteniblidad? nos explica cómo han evolucionado los estándares de sostenibilidad, su proliferación, y cómo los promotores de estos estándares, especialmente el GRI, tratan de preservar su cuota de mercado, pasando de un marco de reporte hacia un estándar único.
Precisamente, el pasado 1 de diciembre, en una conferencia en Madrid, Teresa Fogelber reconocía que la ambición del GRI es pasar de ser estándar líder en sostenibilidad a nivel mundial, a hacer un sistema único de memorias. Lo vamos a hacer con un grupo de organizaciones, como PRI, organizaciones sindicales y otros actores de interés.
Ciertamente, los estándares aportan certeza, seguridad, ahorro de costes en un contexto donde se pretende el cambio de modelo productivo sin penalizar la innovación. Su proliferación, si bien permite crear un contexto de competencia entre estándares siempre saludable, y otorgar cierta flexibilidad a las empresas adaptando cada modelo a sus recursos y necesidades, crea costes adicionales y confusión en un mercado todavía muy embrionario.
La fusión de estándares, o un estándar único, y la simplificación de los requerimientos de información, como recordaba Vives, reduciría la carga de reportar y facilitaría que este ejercicio fuese un instrumento de gestión de la responsabilidad ante la sociedad: La consolidación de los estándares reduciría la carga administrativa y permitiría a las empresas mejorar sus esfuerzos en definir el propósito del negocio y sus objetivos y acciones para contribuir al desarrollo de la sociedad. Podría eventualmente contribuir a la autenticidad en el reporte.
Ahora bien, también es preciso reconocer que la causa de la sostenibilidad no se defiende con un mercado unilateral y con escasa permeabilidad en los grupos de interés. Hasta ahora, los stakeholders más activos han sido los inversores, y lo seguirán siendo durante mucho tiempo y el conocimiento de los informes de sostenibilidad por los demás grupos de interés, hoy por hoy, es cuanto menos, testimonial.
Tomando como ejemplo el GRI, aunque su nueva versión haga un llamamiento a la incorporación de los aspectos materiales para los distintos grupos de interés y una simplificación de los indicadores, su universalidad, la fatiga de los indicadores, unidas a la falta de un diálogo efectivo con los grupos de interés, augura más la producción de miles y miles de páginas y gastos en informes por parte de las empresas, que avances claros en sostenibilidad.
¿Quién lee los informes de sostenibilidad? ¿Evalúan las empresas, no ya a quién se consulta sino quiénes leen sus informes? Me temo que la respuesta no es muy optimista.
De la era del reporte a la de la transparencia
Entretanto, y antes de que vea la luz en España la trasposición de la Directiva, hemos pasado de la era del reporting a la de la transparencia.
Reconociendo las bondades de la elaboración de informes para la gestión interna y el desarrollo de mercados sostenibles, los informes de sostenibilidad tal como los conocemos, contarán cada vez menos.
Y ello por varias razones.
En primer lugar, por el fracaso de los informes de sostenibilidad
Desde el punto de vista del contenido, el principal fracaso de los informes de sostenibilidad ha sido no reportar sobre los impactos negativos y la ocultación de información.
Desde la ausencia de información sobre paraísos fiscales, las prácticas de ingeniería financiera, o el reporte de emisiones por citar algunos ejemplos, los informes se han visto sobrepasados por el contraste de impactos negativos revelados por el activismo de grupos de la sociedad civil.
En la evolución anual de las memorias de sostenibilidad, de las que el Observatorio de RSC ha dado buena cuenta en estos últimos años en relación con las empresas del IBEX 35 en España, se pueden apreciar, cómo por ejemplo, en el reporte de emisiones de CO2, una empresa de transporte cambiaba sistemáticamente la metodología de medición de emisiones de un año para otro, haciendo inviable la comparación interanual de las emisiones.
Desde un punto de vista de accesibilidad de la información, el modelo de presentación de la información válido ya no serán los informes GRI o similares. En la era del Big Data, los informes de sostenibilidad tendrán que evolucionar hacia la segmentación y estructuración de los datos, a la medida de cada grupo de interés, o no serán.
En segundo lugar, por el avance de la transparencia
Una de las razones por las que está triunfando la transparencia es porque está viendo la luz información realmente material para los grupos de interés, más allá de la información contenida en los reportes.
Los Panama Papers, los fraudes de emisiones de CO2, como el de Volkswagen, en un sector de los más certificados que existen y con informes de sostenibilidad, o el atentado a los DDHH en las cadenas de valor de empresas textiles o de alimentación, son cuestiones ajenas a los informes y que han visto la luz gracias al periodismo de datos, a investigaciones particulares, o de grupos activistas.
La divulgación de los impactos avanza hacia la transparencia informativa, hacia el acceso a la información, hacia la información a demanda.
Como reconocía también Tony Vives, tal vez el punto de partida es la confusión sobre el hecho de que la información sobre sostenibilidad debe estar en un informe.
En el reporte de impactos triunfarán las empresas que sepan desmarcarse del resto, que sepan innovar en la accesibilidad de la información, que sepan construir un relato con sus grupos de interés ofreciendo información veraz y a medida. ¿Son los estándares de sostenibilidad papel mojado?
Del blog de Helena Ancos, AGORARSC
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