Este particular tiburón, también conocido como mako de aleta corta, ha sido parte regular de la dieta española durante décadas, siendo el país que consume la mitad de toda la pesca correspondiente a la especie en Europa. Esta situación generó un problema de sobrepesca que ha reducido la población del marrajo en el Atlántico Norte de manera alarmante, hasta el punto en que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto.
Se estima que la sobrepesca había reducido la población del marrajo dientuso a apenas un 30 % del número de organismos que habitaba en el Atlántico Norte en los años 70´s. Debido al alto riesgo para la especie y la dificultad que representa regular su pesca, las autoridades pertinentes han establecido una cuota de comercio cero para el marrajo dientuso del Atlántico Norte en Europa, esto quiere decir que a partir del inicio de este año quedó prohibido el desembarco, venta o importación de esta especie, con la intención de prevenir la pérdida de recursos naturales causadas por el colapso de la población de marrajos.
Medidas polémicas
Cómo cabe suponer, esta medida ha causado polémica entre varios grupos. Las asociaciones ecologistas aplauden la medida, señalando la histórica incompetencia de las pesquerías en lo referente a manejar la población del marrajo responsablemente. Por otro lado, los consorcios pesqueros denuncian que prohibir la comercialización total de la pesca realizada antes de la medida, cerca de 90 toneladas de pescado, es abusivo e implica el desperdicio de un valioso recurso natural en momentos de grandes dificultades.
Nadando en aguas inciertas
Este tipo de división es común cuando se presentan legislaciones contundentes en el área de la conservación y responden a la realidad de que cada grupo ve por sus propios intereses al final del día. Para las asociaciones ecologistas, el marrajo representa una pieza irremplazable de un medio ambiente mayor que ha sido debilitada hasta el extremo por la sobrepesca. Al mismo tiempo, el marrajo representa un recurso natural vital para los consorcios pesqueros que dirigen una gran cantidad de personal y recursos a su captura, procesamiento y venta; la prohibición total de comercializar las capturas legales realizadas previamente pone a estas empresas y sus trabajadores en una posición bastante precaria.Podría pensarse que la medida de establecer una cuota cero de comercialización es exagerada por parte de las autoridades, pero la realidad es que ante la desesperada situación del marrajo, su severidad queda perfectamente justificada. Cualquier medida de menor fuerza solo resultaría en una mayor pesca ilegal que haría más difícil la administración de los recursos naturales y la conservación de la población, aumentando aún más la amenaza que le afecta.
Todos en el mismo barco
En situaciones como esta, resulta vital mantener en mente que la mejor manera de administrar el medio ambiente es recordando que la sociedad humana forma parte de él. Claramente la conservación del marrajo a largo plazo está por encima de los intereses comerciales de las pesquerías, pero aún así no es correcto permitir que las medidas tomadas para proteger a una especie de la sobrepesca pongan en entredicho el bienestar de un sector de la sociedad. Recae sobre las autoridades entonces la responsabilidad de establecer leyes firmes que protejan los recursos naturales y, al mismo tiempo, aseguren la calidad de vida a las personas que ganan el sustento extrayendo dichos recursos.
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