El director general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero Cañizares, ha condenado estas actividades que suponen un retroceso en los esfuerzos por dar valor a la madera. Sostiene que la tala ilegal acaba por degradar este recurso, además de contribuir a la deforestación que amenaza con alterar las condiciones de vida de las especies que habitan los bosques. Asegura que con una extracción adecuada, el valor económico de estos recursos supone un aporte significativo en su camino hacia la economía circular y al desarrollo rural.
Desde la región rechazan el aprovechamiento ilegal y la posterior comercialización de la madera, e indican que se trata de un problema ambiental reconocido a nivel internacional. Señalan que esta actividad es común en los países en vías de desarrollo, como los de Europa del Este o algunas naciones tropicales, que acaba por reducir el alcance de las iniciativas y proyectos que luchan por una explotación sostenible.
Supervisión legal
Ante ello, han desplegado labores de supervisión en procura de una obtención de madera legal y sostenible según lo estipulado en la normativa nacional y europea, como el Reglamento Europeo de la Madera (EUTR), que lucha contra la comercialización ilegal y establece las obligaciones de los comerciantes de madera y sus derivados, así como el papel de las administraciones públicas, y el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal (Flegt), que regula mediante licencias las importaciones a nivel comunitario.
Dadas las condiciones desfavorables de la Tierra ancestral, es comúnmente aceptado que el agua debió llegar hasta la superficie del planeta una vez que esta ya se había enfriado. Esto da lugar a una serie de hipótesis pensadas para explicar cómo llegó y de dónde proviene el agua de nuestro planeta.
Además, mediante la divulgación es posible informar a la colectividad sobre una gestión apropiada de los recursos forestales, y fomentar el uso de productos en cuyo proceso se haya dado cumplimiento a todas las regulaciones vigentes. Desde 2016, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una vigilancia constante sobre el aprovechamiento de los bosques y estiman necesario extender estas labores con la aprobación de un Plan nacional de control de la legalidad de la madera comercializada, entre otras propuestas.
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