El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado su aprobación al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La eventual entrada en vigencia de este instrumento implica el compromiso de instituciones públicas y privadas. La nueva normativa también contempla una serie de objetivos ajustados a las directrices europeas en la materia. El próximo paso será la exposición pública durante 45 días, a comunicarse por medio del Boletín Oficial.
De aprobarse, se trataría de la ley con mayor participación en la historia de Canarias. En total se sumarían 170 aportes, una cifra que podría incrementarse próximamente como resultado de las conversaciones sostenidas por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias con diversas empresas e instituciones interesadas. De forma paralela, se están realizando encuestas a la ciudadanía para fortalecer el texto normativo.
En primera instancia, se espera que el Ejecutivo apruebe el marco legal como proyecto de ley durante el primer semestre de 2021. Posteriormente, se tramitará a través del órgano legislativo para gestionar su sanción definitiva y su entrada en vigor. Otros instrumentos, como la Estrategia de Cambio Climático de Canarias, el Plan de Transición Energética de Canarias y el Plan de Acción de Cambio Climático, coexistirán con la nueva regulación con el fin de dar cumplimiento a los objetivos nacionales y europeos.
Hacia la reducción de las emisiones de carbono
Una de las metas principales es la disminución de las emanaciones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar un balance neutro. Para ello, apuntan hacia un uso cada vez menor de combustibles fósiles en favor de la implementación de energías renovables.
Sobre la reducción del impacto del cambio climático, el Gobierno señala que buscará reducir la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.
La ley también irá acompañada de campañas educativas en favor de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, busca crear conciencia e impulsar acciones para hacer frente a las variaciones climáticas producto de la actividad del hombre. La salud pública también formará parte del sistema en función de la prevención de riesgos de acuerdo con las políticas de transición ecológica. Otras áreas como el turismo, transporte, seguridad, agricultura, pesca y ganadería tendrán un apartado en el nuevo ordenamiento.
