Se inicia así la Década de Acción para la Agenda de Desarrollo Sostenible, una llamada a redoblar los esfuerzos y la movilización de recursos los próximos 10 años sin los que será imposible alcanzar su cumplimiento.
Si bien durante estos años según los diferentes informes anuales de Naciones Unidas se han producido importantes avances en algunas cuestiones como la salud materno infantil, la ampliación del acceso a la electricidad o la igualdad de género, hay otros aspectos como la inseguridad alimentaria, el deterioro ambiental, o el crecimiento de la desigualdad que imposibilitan un avance real.
Y llegó el Covid19 ¿ahora qué?
Nos encontramos ante una crisis sanitaria y económica sin precedentes a nivel mundial. Todos los informes ya auguran serias dificultades y efectos a largo plazo en los sistemas de salud, el acceso al empleo y la normalización de la educación, entre otros.
Según estos informes, alrededor de 25 millones de personas podrían perder sus empleos mientras que los efectos de la crisis serán más acuciantes en los países con mayor incidencia de la pobreza y las desigualdades y aquéllos con sistemas de salud, educación y protección frágiles.
Preocupa especialmente cómo la pandemia afectará al derecho la educación de la infancia. Antes del Covid19, 617 millones de jóvenes en el mundo carecían de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Ahora, ante una emergencia que no para y cuyas principales áreas de afectación son la salud y la economía, la inversión en educación podría verse relegada ante otras necesidades acuciantes.
En el caso de la estrategia española de cooperación para el desarrollo post-covid (la que definirá la ayuda oficial – AOD – que nuestro país destinará a países en vías de desarrollo para aliviar la crisis) la educación tiene cabida bajo el eje “proteger y recuperar derechos y reforzar las capacidades de las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad”. Se engloban en este epígrafe varios derechos, como la alimentación, el acceso a agua y saneamiento, la prevención de la violencia o la protección social y queda subordinada sobre el papel a otras líneas de acción prioritarias como “reforzar los sistemas de salud y salvar vidas” o “preservar y transformar los sistemas socioeconómicos y la gobernabilidad”.
Habiéndose demostrado el papel de la educación como factor determinante para la reducción de la pobreza y las desigualdades, se hace deseable en estos momentos un compromiso tácito sobre el reparto dicho de presupuesto, que garantice que la Educación será una línea prioritaria y que contará con los fondos suficientes también en la fase de emergencia.
El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la UNESCO sostiene que actuar ahora en lugar de después podría reducir el costo potencial del Covid-19 en la educación en un 75%. ¡Debemos pasar a la acción!