Los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social

 “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social” es el tema elegido en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de 2021. Una conmemoración que se celebra cada 9 de agosto desde hace más de 25 años. Si el año pasado os contamos la resiliencia de los pueblos indígenas ante la crisis sanitaria del covid-19, este año se reclama la construcción de un nuevo contrato social por el bien común de la humanidad y del medio ambiente.

Pero, ¿qué entendemos por contrato social? Un contrato social es un acuerdo que regula la convivencia ordenada de las personas en sociedad en la forma de un Estado que protege los derechos y libertades de sus miembros. 

Como explica Naciones Unidas a lo largo de la historia “en muchos países, donde los pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, sus culturas e idiomas denigrados y sus gentes marginadas de las actividades políticas y económicas, estos nunca fueron incluidos en ningún contrato social”. 

Y aunque numerosos pueblos indígenas en todo el mundo han logrado establecer la autonomía en diversas formas, muchos otros todavía se encuentran bajo la autoridad de los gobiernos centrales que ejercen el control sobre sus tierras, territorios y recursos. 

A pesar de los avances en materia de derecho internacional, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, las desigualdades no desaparecen, sino que se agravan. La pandemia visibilizó las crecientes desigualdades e impulsó el debate sobre la urgente necesidad de diseñar un nuevo contrato social.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “476 millones de personas de pueblos indígenas están amenazados por la pandemia porque son tres veces más proclives al vivir la pobreza extrema ya que el 86% trabaja en la economía informal sin protección social”. 

El Artículo 15 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU afirma que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones educativas proporcionando educación en sus propios idiomas, de manera que se respeten sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.” 

Sin embargo, el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17% por ciento de sus homólogos no indígenas. Y la educación es la principal herramienta para acabar con el trabajo infantil. Los efectos de la pandemia se traducen en el incremento de la desnutrición infantil y en una mayor incorporación de los niños y niñas al mercado laboral, como una estrategia para asegurar la sobrevivencia familiar durante y después de la pandemia, tal y como explica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe “El impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina. Entre la invisibilización y la resistencia colectiva”. 

“Desprovistos de acceso suficiente a los servicios básicos de salud, víctimas de marginación socioeconómica y, con demasiada  frecuencia de discriminación, los pueblos indígenas se encuentran en una situación más vulnerable. Sin embargo, las poblaciones indígenas tienen mucho que enseñarnos”, explica la Sra. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. 

Por ejemplo, los pueblos indígenas utilizan el cuarto de la superficie terrestre y son quienes protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta. Asimismo, pueden aportar soluciones de modelos sostenibles para la seguridad alimentaria y el cambio climático. 

La participación de los pueblos indígenas en la creación de un nuevo contrato social es vital para lograr la reconciliación entre los Estados y para garantizar, de una vez por todas, que sus formas de vida y de gobernanza sean respetadas a través de un sistema participativo e inclusivo. Solo así podremos hablar de un contrato y de una justicia social.