Fuente: Global Humanitaria
La “Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis” recibía este mes el premio Front Lines Defenders por su lucha en defensa del derecho a la tierra en esas comunidades y la justicia medioambiental. Este reconocimiento se entrega desde hace 13 años a defensores de los Derechos Humanos de todo el mundo que desempeñan su labor en condiciones de alto riesgo. La entrega del premio en el ayuntamiento de Dublín se produce en un mes en el que han sido asesinados tres activistas por los derechos de los campesinos e indígenas.
Los líderes indígenas Mateo Chamán Paau, José Can Xol, ambos del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA), y Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), fueron asesinados en tres localidades involucradas en procesos con el Gobierno para que se garantice el derecho de los indígenas a la tierra y se resuelvan medio centenar de conflictos en este ámbito.
La ONU y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos se han pronunciado esta semana a través de un comunicado exigiendo al Gobierno guatemalteco ponga freno a esta situación. Y es que en 1996 el Gobierno ratificó el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, estableciendo la obligación de “respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social.” Exige asimismo “que respeten los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Pero este compromiso reflejado en la ley ha sido ignorado e incumplido repetidas veces.
Según narra la Resistencia Pacífica de la Microregión de Ixquisis, todo empezaba con la entrada de la empresa PDHSA en el microterritorio de Ixquisis en el año 2010, con unos megaproyecto hidroeléctrico y minero destructivos aprobados por el Gobierno de Guatemala, a pesar de la oposición de 59 pueblos y 7 comunidades del municipio.
A raíz de las operaciones de la empresa, el territorio se encuentra alterado, lo cual ha conllevado importantes consecuencias sociales, ambientales y económicas: la contaminación provocada por las obras y el inminente desvío de los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, que dejaría a cuatro comunidades sin acceso a agua, implica una situación precaria para los pobladores quienes en su mayoría viven en situación de pobreza o pobreza extrema.
Dentro de estas comunidades se organizaron para defender de una manera pacífica el cauce de sus ríos, la permanencia de su flora y fauna, y su tierra para ser trabajada en actividades primarias, ya que la actividad de estas empresas destruiría los recursos naturales de los que viven de manera sostenible.
Sus peticiones han sido ignoradas, y lejos de paralizar la actividad industrial, el gobierno ha apoyado a PDHSA, dándoles el apoyo de las fuerzas policiales. Desde que comenzaron las protestas pacíficas, los defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas ha sufrido todo tipo de acoso y persecuciones, hasta el punto de ver su vida amenazada.
Hace un año, un anciano de 72 años, en el transcurso de una manifestación pacífica fue disparado por la policía perdiendo la vida. Pero Sebastián Alonso Juan no ha sido la única víctima. En este periodo de inestabilidad los defensores de los derechos humanos han sufrido asesinatos, tiroteos, acoso judicial, abusos sexuales y toda una campaña de difamación.
Estos pueblos autóctonos se sienten como si hubieran vuelto las tácticas de represión del conflicto armado interno que vivieron en los años 80. Se trata de la constante circulación de patrullas armadas, amenazas, violencia y acoso sexual, intimidación, vigilancia y agresiones físicas, con el único fin de silenciar el movimiento y la protesta local.
Ahora, las personas defensoras de derechos humanos de la microregión Ixquisis reiteran su petición de retirar a la policía y al ejército de su territorio, ya que según ellos “no están para cuidar a los buenos ciudadanos guatemaltecos, se ha visto que ellos están para cuidar a los grandes empresarios”.
Todavía prevalece en el país un clima de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos, pocos ataques a estos líderes comunitarios se investigan y menos aún traen aparejadas condenas. Ante tales injusticias, los organismos internacionales no han podido ignorar la violación de derechos humanos que sufren estas comunidades guatemaltecas. Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ha denunciado el acoso y persecución que sufre los defensores de los derechos humanos en la zona y ha hecho un llamamiento al Gobierno “para que aborde esta cuestión como parte de sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho, la protección de la libertad de expresión y la independencia judicial”.
La ONU se ha comprometido a seguir haciendo un seguimiento de los casos, apoyando a las víctimas y asesorando a las instituciones estatales y a la sociedad civil.
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